COLUMNISTA INVITADO / Motocicletas, parrilleros y delitos en Latinoamérica

OAKLAND ROSS*

Oakland Ross

Todo empezó en Medellín.

Durante los años ochenta, el tristemente célebre rey narco Pablo Escobar introdujo una nueva táctica en su guerra contra las autoridades — la de usar motocicletas y sus pasajeros como ejército móvil y letal contra sus enemigos. Su acto más destacado y siniestro recurriendo a esta medida fue el atentado en 1984 contra Rodrigo Lara Bonilla, el entonces ministro de justicia en Colombia. El ejecutor fue un agente de Escobar, un tal Iván Darío Guisado, que iba como pasajero abordo de una motocicleta Yamaha DT175 manejada por su cómplice, Byron Velásquez, también conocido como “Quesito.”

La noche del 30 de abril de 1984, Darío le disparó al político cuando éste estaba en su coche en la calle 127 en Bogotá. Después del ataque, los guardaespaldas de Lara mataron a Darío. Velásquez intentó escapar, pero fue capturado.
¿Y Lara? Murió. Ahora, más de 30 años después, quien era padre de cuatro hijos es recordado como uno de los mártires más valientes y celebrados de la larga lucha por la justicia y la paz en Colombia.
A la vez, su muerte marcó lo que quizás fue el primer uso de una motocicleta como aparato de guerra en este triste y sangriento conflicto colombiano entre el gobierno y los carteles criminales, incluyendo por supuesto el de Escobar.
Si existiera un símbolo mecánico para América Latina entera sería casi sin lugar a dudas esta ubicua máquina de transporte de dos ruedas.
La motocicleta esa que es frecuentemente abordada por una familia completa, con el papá al timón, con la mamá detrás de su marido, y con un sinfín de niños balanceados en cualquier espacio disponible y quizás con un sofá colgando quién sabe cómo — un triunfo de la improvisación y del atrevimiento sobre la gravedad.
Lamentablemente esta imagen genial está desapareciendo, re-emplazada en parte por nuevas leyes — una buena idea después de todo — y en otra parte por una realidad espeluznante más parecida al terrible destino del señor Lara en Colombia hace tantos años.
Hace pocos días, por ejemplo, el alcalde actual de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció una nueva regulación que prohíbe el uso de las motocicletas por más que un hombre. Es decir: no se permiten pasajeros masculinos abordo. ¿La razón? Es muy simple. Según las autoridades municipales de la capital colombiana, la incidencia de robos se incrementó por 60 por ciento durante el transcurso de 2017, y con frecuencia usando motocicletas. Las autoridades policiales colombianas dicen que de cada 10 hurtos agravados por lo menos cuatro son cometidos por delincuentes que viajan en motocicleta.
Claro que esta no es la primera vez que legisladores latinoamericanos han intentado limitar el uso de motocicletas como armas de guerra. Hace varios años el entonces presidente de Guatemala, Álvaro Colom, prohibió el uso de una motocicleta por dos personas o más. Esa ley fue revocada en 2013 por Otto Pérez Molina — ¿y que pasó? Entre 2012 y 2014 — según el noticiero cibernético Insight Crime — la frecuencia de homicidios cometidos de esta manera en Guatemala se incrementó en un 50 por ciento.
Problemas de la misma naturaleza también afectan a Honduras y El Salvador — lo que nos lleva a Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro casi ha perfeccionado el uso de motocicletas (y motociclistas) como mano dura del estado. Se trata de los grupos brutales y móviles conocidos como “colectivos” que ofrecen sus servicios represivos y violentos al gobierno para reprimir manifestantes opuestos al régimen. En cambio el gobierno permite que estos colectivos se involucren en casi todo tipo de delitos para financiarse.
Esa es la mala noticia. La buena noticia es que el gobierno hondureño recientemente dispuso una nueva ley que impone medidas de seguridad a motociclistas como el uso correcto de cascos y la instalación de espejos retrovisores.
Es un comienzo.
*Laureado periodista y escritor canadiense, radicado en Toronto.